El futuro del agroturismo y el paisaje de Viver, en serio peligro

7 abril, 2021

Pedro R. Arias
Nada más ni nada menos que 125 hectáreas de suelo de valor agrícola del municipio de Viver están en riesgo de desaparecer. La creciente amenaza de ofertas disfrazadas de «irrechazables» para los agricultores desde empresas del sector de las energías renovables podría afectar a la agricultura y turismo de la zona, principales motores económicos de este pueblo castellonense. Su ejecución no solo supondría un grave perjuicio para el futuro los agricultores y habitantes de Viver, sino también para el del conjunto de la Comunitat Valenciana, pues la instalación de megaparques de placas solares y las infraestructuras para transportar esa energía amenazan el paisaje de varias zonas a lo largo del territorio valenciano.

Viver es un municipio situado en la comarca del Alt Palància (Castelló) que históricamente se ha caracterizado por su importante producción agrícola, basada en el olivo, el almendro, el nogal y la viña. En 1990 se fundó lo que hoy se conoce como Cooperativa de Viver, una agrupación de pequeñas almazaras artesanales asentadas en la población. Hoy, con más de 450 socios, se ha convertido en todo un referente en el desarrollo del medio agrícola y rural, desde una perspectiva de cooperativa agroalimentaria integral.

El promotor interesado en la compra del terreno inició el primer procedimiento administrativo hace unas semanas, preguntando al Ayuntamiento de Viver por el uso de dicho suelo. Sin embargo, la administración municipal, debido al Decreto-ley 14/2020 aprobado el pasado agosto por el Consell de la Generalitat, solo pudo limitarse a indicar que no está expresamente prohibido el uso industrial del suelo. Por lo tanto, el decreto provocó una perversión en el lenguaje que impide a los propios habitantes de la localidad decidir el uso exclusivo agrícola de ese suelo, dejando la decisión en manos de la Generalitat Valenciana.

Fernando Marco, director-gerente de la Cooperativa de Viver, nos comparte su preocupación por la posible venta de los terrenos para su uso industrial, ya que para él el futuro de un territorio no debe pasar por eliminar actividades económicas, sino por ampliarlas o hacerlas compatibles. «Hay otros territorios en la Comunitat Valenciana que les sería una bendición el poder tener actividad económica cuando no existe, seguro que si se le preguntara a la Conselleria de Agricultura saldrían varios suelos idóneos para el asentamiento de esta industria», señala Marco.

Además, la zona en cuestión es de nuevo regadío, gracias al esfuerzo de la Comunidad de Regantes San Francisco de Paula de Viver y una importante inversión pública de la Conselleria de Agricultura. «Lo que nos parece todavía más un sinsentido es que ahora la propia Generalitat Valenciana autorice que todo se desmembre y que un suelo de valor agrícola pase a ser un suelo industrializado, eliminando la actividad agrícola y agroalimentaria», añade el director-gerente de la Cooperativa.

A esto se suma que el cambio de uso del terreno podría perjudicar a los futuros proyectos que tiene en mente la cooperativa, fundamentales para el desarrollo de los productos de la zona. Entre ellos se encuentra un secadero de almendras y la ampliación de sus campos de cultivo de frutos secos. «Nos parece fantástico que se apueste por las energía renovables, incluso la propia cooperativa hemos sido ejemplo de ello, pero no podemos desvestir a un santo para vestir a otro habiendo miles de suelos en otras zonas», nos argumenta desde la preocupación Fernando.

¿Pero por qué en ese lugar concretamente? La respuesta se encuentra en la mala suerte de que muy cerca de esa zona pasa una línea de alta tensión que evacúa toda la producción eólica del Altiplà de Barraques. Lo que lo convierte en uno de los lugares donde más barato saldría al promotor la producción energética. «¿Cuál es el sentido de que vayamos a eliminar hectáreas productivas de gran valor agrícola solo porque la línea de alta tensión pasa por aquí cerca? Me parece un argumento ridículo y de muy de poco peso desde el punto de vista de construcción de un futuro colectivo», recalca Marco.

Tres serían los grandes perjudicados de esta alteración del uso del suelo. Por un lado, los agricultores de la zona y la Comunidad de Regantes San Francisco de Paula de Viver, ya que se perdería un 20% de las hectáreas de suelo de regadío y se incrementarían los costos. Además, descendería la rentabilidad del suelo agrícola al incluirse otros usos más provechosos, afectando a ventas y alquileres. Por otro lado, la cooperativa de la localidad, debido a que desaparecerían terrenos de cultivo que se encuentran gestionando y donde existe un potencial de mayor productividad agrícola. Además, supondría un riesgo para una de sus actividades de presente y futuro, el agroturismo, ya que no es lo mismo tener un espacio de flor de almendro a otro ocupado por una actividad industrial. Y, por último, supondría un gran impacto para el Ayuntamiento de Viver, sobre todo en cuanto al modelo de territorio, ya que hoy es un espacio que se visualiza con un potencial turístico muy importante que termina generando un impacto positivo en la hostelería local, en el mercado de la vivienda… «Sería diferente tener un espacio consolidado con la vegetación, la producción agrícola y el cambio de las estaciones en torno al cultivo del almendro y el nogal, a poner una mancha de 125 hectáreas que cambie el paisaje completamente» reivindica el director-gerente de la cooperativa.

Fernando Marco relaciona esta situación con el boom de la burbuja inmobiliaria y la fuerte apuesta por la energía fotovoltaica al ser los mismos ‘procesos especulativos’. «Esta ola financiera nos enfada porque es lo más alejado a un proceso productivo sostenible, de recursos locales y con gente del territorio, que entendemos como el camino a seguir para alcanzar un nuevo desarrollo rural que impida la despoblación de las localidades del interior».

En cuanto a las futuras medidas para impedir la ejecución de este proyecto, la intención de los colectivos afectados no es plantear todavía un escenario de confrontación o de movilización social, sino mantener conversaciones con la Generalitat Valenciana para que sus diferentes administraciones entiendan que en el territorio confluyen más usos y que no puede la parte industrial arrasar con las demás. «También estamos en contacto con otros territorios afectados, como Fontanars dels Alforins y Chiva, para poner en común la preocupación e impedir que una actividad cambie totalmente el modelo de nuestro futuro de pueblo», concluye Fernando Marco.